En una movida institucional que ha encendido el debate en los ámbitos judiciales y políticos, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Bolivia emitió el Instructivo Nº 18/2025 —firmado por su presidente, Romer Saucedo—, ordenando que todos los Tribunales Departamentales de Justicia verifiquen, en un plazo máximo de 24 horas, la legalidad y los plazos de las detenciones preventivas aplicadas a la expresidenta Jeanine Áñez, al gobernador electo Luis Fernando Camacho, y al exlíder cívico Marco Antonio Pumari .
Marco Jurídico y Alcances del Instructivo
El instructivo permite una revisión inmediata, incluso de oficio, sin necesidad de requerimiento previo, para determinar si estas medidas cautelares aún se ajustan al Derecho vigente. Se fundamenta en principios constitucionales y convencionales, como el derecho a la celeridad procesal y la independencia judicial; el TSJ aclara que no busca ninguna intromisión, sino fortalecer un ejercicio autónomo y transparente de la justicia.
Contexto de las Detenciones
- Jeanine Áñez fue detenida en marzo de 2021 y condenada a 10 años en el caso “Golpe de Estado II”. También está vinculada al caso “Golpe I” y enfrenta al menos siete otros procesos.
- Luis Fernando Camacho, detenido desde diciembre de 2022,, lleva cerca de 968 días en prisión preventiva por el caso de la crisis de 2019, además de otros procesos como el “Paro de 36 días”.
- Marco Antonio Pumari habría cumplido cerca de tres años y medio en detención preventiva en procesos abiertos en Potosí y La Paz.
La ley boliviana establece un plazo razonable de seis meses para medidas cautelares de esta clase; la defensa argumenta que ese límite fue ampliamente superado en cada caso.
Reacciones de la Defensa y del Gobierno
- El abogado de Áñez, Luis Guillén, calificó la medida como una reparación postergada, no un regalo, que devuelve esperanza a quienes consideran que «la justicia actúa tarde, pero actúa».
- En la defensa de Camacho, Martín Camacho sostuvo que el instructivo representa una oportunidad para restituir el Estado de derecho y establecer justicia ante detenciones que se han prolongado sin sustento jurídico.
- El ministro de Gobierno, Roberto Ríos, respaldó la acción del TSJ y sugirió que este enfoque debería extenderse a otros privados de libertad, citando que el 65 %–70 % de los detenidos en el país están en condición preventiva. Además, la Defensoría del Pueblo reportó que hacia junio de 2025, el 58,2 % de los más de 33,000 reclusos estaban bajo esta modalidad.
Audiencias y Movilización Judicial Inmediata
Como parte del cumplimiento del instructivo, un tribunal de La Paz convocó una audiencia para el lunes 25 de agosto de 2025, a las 14:00, en el Tribunal Departamental de Justicia. El objetivo es revisar los plazos procesales de Camacho y Pumari, lo que podría traducirse en su liberación si se comprueba que la privación de libertad ha excedido límites razonables.
El TDJ de Santa Cruz emitió además una Circular N° 104/2025 para asegurar que jueces del departamento cumplan estrictamente con el instructivo, en especial en al menos cuatro procesos que enfrenta Camacho en esa región.
Un Acto Necesario, pero Demasiado Tardío
Este instructivo representa un paso importante hacia la salvaguarda de derechos fundamentales como la libertad, el debido proceso y la presunción de inocencia. La revisión de detenciones que, en algunos casos, han durado entre tres y cuatro años, era no solo urgente —fue imperativa.
Sin embargo, conviene preguntarse: ¿por qué se alcanza esta “independencia judicial” en medio de una coyuntura electoral y tras años de atrasos procesales? La respuesta no exime la demora, pero da pistas sobre cómo operan equilibrios institucionales en Bolivia.
Es esencial que este acto se traduzca en justicia real: audiencias eficientes, resoluciones motivadas y, si corresponde, liberaciones. Pero también debiera servir como precedente para reexaminar nuestro uso de la prisión preventiva generalizada: casi dos de cada tres detenidos están en esa condición, lo que interpela la justicia como sistema.
Resumen Ejecutivo
| Tema | Contenido clave |
| Instructivo TSJ 18/2025 | Revisión de detenciones preventivas en 24 horas, incluso de oficio |
| Fundamento jurídico | Principios constitucionales, celeridad procesal, independencia judicial |
| Casos involucrados | Áñez (preso desde 2021), Camacho (desde 2022), Pumari (más de 3 años) |
| Límites legales | Plazo razonable de 6 meses superado ampliamente |
| Reacciones | Defensa celebra, gobierno apoya extensión nacional |
| Próximos pasos | Audiencias el 25/8 en La Paz; circular y cumplimiento en Santa Cruz |
