En un giro judicial relevante en el marco del denominado “Caso Golpe I” —que guarda relación con la crisis política de 2019—, un tribunal de sentencia de La Paz ha dispuesto hoy, 26 de agosto, medidas cautelares diferenciadas para dos prominentes líderes opositores:
- Marco Antonio Pumari, exlíder cívico de Potosí, ha sido beneficiado con libertad pura y simple, lo que le permite recuperar su libertad inmediata sin restricciones carcelarias.
- Luis Fernando Camacho, actual gobernador electo de Santa Cruz, accede a arresto domiciliario con salida laboral, además de otras medidas como fianza y arraigo, lo que le permitirá salir a trabajar dentro del marco de las nuevas condiciones impuestas.
Estas resoluciones judiciales se produjeron en el contexto de una audiencia convocada por el Tribunal Sexto de Sentencia Anticorrupción de La Paz, como parte de un procedimiento dictado por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que instruyó revisar con urgencia las detenciones prolongadas bajo el Instructivo Nº 18/2025.
El abogado defensor de Camacho expresó un fuerte alivio: “Por fin se hizo justicia”, declaró luego de conocerse la decisión. Asimismo, se confirmó que Camacho está citado para una nueva audiencia mañana, en la que se evaluará su situación en otro proceso distinto: el relacionado con el paro cívico de 36 días por el censo. En esa ocasión, podrían determinar si se realiza su traslado a Santa Cruz.
El ambiente en los alrededores del Tribunal estuvo marcado por tensión y polarización, con amagos de enfrentamientos entre simpatizantes y opositores a ambos políticos; sin embargo, la fuerte presencia policial logró contener cualquier incidente mayor.
Este fallo representa, en términos políticos y judiciales, un momento simbólico relevante. La liberación de Pumari y la otorgación de detención domiciliaria con salidas laborales a Camacho ponen en evidencia un cambio notable en el tratamiento de detenciones preventivas prolongadas, que hasta ahora parecían exceder los límites legales establecidos (seis meses como máximo)
Esto no solo alivia situaciones personales para los implicados, sino que abre una puerta hacia una justicia más equilibrada y respetuosa de los derechos procesales. Aunque es claro que estos casos tienen una fuerte carga política, el Tribunal, con esta resolución, cumple con lo que mandata la ley en cuanto a la celeridad procesal.
Ahora bien, la audiencia de mañana por el paro cívico del censo pone en evidencia que la batalla judicial de Camacho no concluye aquí. Podría incluso complicarse nuevamente si se decide su traslado a Santa Cruz o si se revocan las medidas actuales. Dicho de otro modo: hoy se avanza, pero el camino sigue siendo largo e incierto.
