“Cuando la ley habla, pero el poder calla”
Bolivia enfrenta una nueva tensión institucional: desde el 20 de mayo de 2025, el Ministerio de Gobierno está en manos del economista Roberto Ríos Sanjinés, quien reemplaza a Eduardo Del Castillo, elegido candidato presidencial del MAS. En enero, Edmundo Novillo Aguilar actuó como ministro interino durante una breve ausencia del titular Lexivox.
Es precisamente este nuevo ministro quien debería responder —en lugar de Del Castillo— sobre la forma en que el Ejecutivo maneja la orden de traslado judicial de Luis Fernando Camacho, citada para el 25 de julio. El argumento oficial se basa en la ausencia de informes concluyentes de inteligencia sobre seguridad. Pero muchos sectores en Santa Cruz lo interpretan como una maniobra dilatoria. En ese escenario, la Procuraduría —a cargo de César Siles Bazán— ha mantenido silencio hasta ahora, lo que aumenta la sensación de paralización institucional.
Por su parte, el Procurador General del Estado, Ricardo Condori Tola, ha sostenido que las decisiones adoptadas buscan preservar el orden y la estabilidad. Pero en lugar de fortalecer la institucionalidad, su postura contribuye a consolidar la percepción de un sistema judicial subordinado al poder político. ¿Qué independencia puede existir cuando la Procuraduría respalda la inacción ante un mandato legal?
En Santa Cruz, el desconcierto y la tensión social aumentan. Hay quienes ven en esta dilación una maniobra para limitar la visibilidad de Camacho y su liderazgo regional. Otros temen que el traslado pueda detonar un nuevo episodio de conflictividad. En ambos casos, se deja claro que el Estado ya no actúa como garante neutral del derecho, sino como actor político con intereses definidos.
Esta no es la primera vez que la justicia boliviana se encuentra atrapada entre el derecho y la conveniencia. Pero lo que debería preocuparnos como sociedad es la naturalización de este patrón: la idea de que la ley es relativa, que las órdenes judiciales son negociables, que el cumplimiento de los derechos puede esperar.
El mensaje es inquietante: el poder político está por encima de la justicia. Y cuando eso ocurre, la democracia empieza a erosionarse. Porque un Estado que calla cuando la ley habla, es un Estado que renuncia a su obligación más básica: garantizar que la justicia se cumpla, sin miedo, sin cálculos, sin excepciones.
Hoy, más que nunca, Bolivia necesita instituciones que respondan al pueblo y no a los intereses del momento. Porque donde la ley no se cumple, lo que reina es la arbitrariedad. Y donde reina la arbitrariedad, el Estado de derecho deja de existir.
