Mediante un instructivo del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), se ordenó revisar y anular procesos judiciales en curso, abriendo paso a la posible liberación de la expresidenta interina Jeanine Áñez, así como de los exlíderes cívicos Camacho y Pumari.
La noticia
El 25 de agosto de 2025, el Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia (TSJ) emitió el Instructivo 18/2025, una disposición para que los tribunales departamentales verifiquen de oficio, en un plazo máximo de 24 horas, si las detenciones preventivas de Jeanine Áñez, Luis Fernando Camacho y Marco Antonio Pumari cumplen con los plazos legales establecidos. Esta revisión contempla anular los procesos judiciales en curso si se constata que los términos procesales han sido excedidos.
En paralelo, en una audiencia celebrada el mismo día, el Tribunal de Sentencia Anticorrupción de El Alto determinó anular el juicio penal ordinario en curso por el caso Senkata (parte del “Golpe I”) contra Áñez, en virtud del principio de que, como exmandataria, corresponde un juicio de responsabilidades, no penal ordinario. El proceso fue devuelto al juzgado de origen para ser remitido a la Fiscalía General para su eventual transformación.
Contexto y antecedentes
- Desde marzo de 2021, Jeanine Áñez se encontraba en detención preventiva por su papel en la crisis política de 2019, en el llamado “Caso Golpe I”. En ese lapso fue condenada en otro juicio, el “Golpe II”, a 10 años de prisión, sanción ratificada en 2023.
- Los exlíderes cívicos Camacho y Pumari también enfrentan detenciones prolongadas en procesos por terrorismo y sedición derivados de su participación en las protestas poselectorales de 2019.
- La defensa de Áñez argumentó que su caso debía seguir la ruta del juicio de responsabilidades, debido a su calidad de exmandataria, lo cual ha sido respaldado por el tribunal alteño al anular parte del proceso penal.
Reacciones
- Áñez expresó en sus redes sociales:
“No es un triunfo, es una reparación; no es un regalo, es un derecho que aunque llega tarde lo recibo con mucho júbilo y con fe en que la justicia ahora nos da la esperanza a todos los bolivianos.”
- El ministro de Gobierno, Roberto Ríos, calificó la medida como respetuosa de la independencia judicial, y valoró que se revisen, también, otros casos con plazos excesivos de detención preventiva.
- Sin embargo, familias de las víctimas de Senkata y Sacaba alertaron sobre el riesgo de que estas decisiones representen una impunidad o “juicio de privilegio”, y anunciaron que acudirán a la CIDH si se anulan los procesos.
- Asimismo, los sectores carcelarios bajo detención preventiva lanzaron pedidos de trato igualitario, dado que entre el 65 y el 70 % de los reclusos están en esta situación, sin sentencia.
Esta decisión del TSJ —aunque jurídicamente fundada en el debido proceso y el principio de celeridad— también puede entenderse dentro de un contexto político muy sensible.
- Por un lado, es fundamental que se respeten los plazos constitucionales y procesales: la detención preventiva no debe ser prolongada de forma arbitraria y debe garantizarse el derecho a un juicio justo. En ese sentido, la revisón ordenada apunta a corregir posibles excesos, lo cual merece valoración positiva.
- Sin embargo, no puede obviarse el momento político: esta medida llega justo después de los comicios generales de agosto de 2025, en los que sectores opositores accedieron a la segunda vuelta, mientras el MAS perdió fuerza. Esto ha generado sospechas sobre una posible influencia política o búsqueda de alianza, tal como lo cuestionó la viceministra Carola Arraya.
- Además, la percepción de buena fe o independencia del TSJ se ve erosionada si no se aplican criterios similares a las decenas de miles de procesados con detención preventiva. La justicia debe ser igual para todos; de lo contrario, se genera una herida en la credibilidad institucional.
- Finalmente, desde la perspectiva de las víctimas y sus familias, la anulación de los procesos y la posible liberación de los acusados representa una amenaza a la justicia y una fuente de dolor, lo que debe ser objetivamente ponderado.
- Proceso judicial anulado: Juicio ordinario penal (Caso Senkata / parte de Golpe I) contra Jeanine Áñez.
- Medida adoptada: Anulación de obrados, envío del caso para un juicio de responsabilidades.
- Plazo otorgado: Tribunales departamentales tienen 24 horas para revisar detención preventiva de Áñez, Camacho y Pumari.
- Base legal invocada: Instructivo 18/2025 del TSJ; principios constitucionales del debido proceso.
- Reacciones: Satisfacción de la defensa; alerta de víctimas; exigencias de igualdad desde el sistema carcelario; cuestionamientos políticos.
