La reciente decisión judicial que otorgó libertad pura y simple a Marco Antonio Pumari y detención domiciliaria con salidas laborales a Luis Fernando Camacho, ambos procesados por los hechos de la crisis de 2019, no solo marca un punto de inflexión en sus causas personales, sino que también podría convertirse en un precedente significativo para cientos de bolivianos actualmente detenidos de forma preventiva.
El problema estructural: la detención preventiva como regla y no como excepción
En Bolivia, el uso excesivo de la detención preventiva ha sido objeto de críticas constantes de organismos internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
- Según datos de la Defensoría del Pueblo, más del 65% de la población carcelaria boliviana está en condición de detenida sin sentencia, lo que refleja un uso abusivo de esta figura.
- En muchos casos, las personas permanecen recluidas por años mientras sus procesos avanzan lentamente, sin que exista una condena firme.
Lo que cambia con el fallo
El Instructivo 18/2025 del Tribunal Supremo de Justicia, que ordenó revisar todas las detenciones prolongadas, es el marco legal que permitió la revisión del caso de Camacho y Pumari. Esta disposición obligó a los jueces a evaluar si la prisión preventiva estaba excediendo plazos razonables y si seguía siendo proporcional.
La decisión de conceder medidas sustitutivas a ambos líderes opositores podría impactar en tres niveles:
- Efecto jurídico:
Se refuerza la idea de que la detención preventiva no puede ser indefinida ni utilizada como castigo anticipado. Otros procesados de alto perfil, como Jeanine Áñez, y centenares de detenidos por delitos comunes, podrían apelar a este precedente para pedir su liberación bajo medidas sustitutivas. - Efecto político:
El caso expone que la justicia puede actuar bajo presión de organismos nacionales e internacionales, y esto abre un debate sobre si la administración de justicia está corrigiendo excesos pasados o simplemente respondiendo a coyunturas políticas. - Efecto social:
Familiares y organizaciones de personas privadas de libertad encuentran en esta resolución un argumento para exigir igualdad de trato. La narrativa de que solo “los políticos con influencia acceden a medidas sustitutivas” podría intensificar la presión para que los jueces apliquen el mismo criterio en procesos de ciudadanos sin poder político.
¿Un verdadero cambio o una excepción mediática?
El gran desafío será determinar si este fallo representa un cambio estructural o si se trata de un caso aislado, producto de la alta visibilidad mediática y política de los acusados.
- Si el Instructivo 18/2025 se aplica con equidad, podría desencadenar un descongestionamiento gradual de las cárceles bolivianas.
- Si, por el contrario, solo beneficia a casos emblemáticos, reforzará la percepción de que la justicia en Bolivia sigue siendo desigual y selectiva.
Esta decisión judicial puede convertirse en una bisagra histórica. Bolivia arrastra una justicia que ha normalizado la detención preventiva como castigo y no como medida cautelar. La liberación de Pumari y la flexibilización para Camacho ponen sobre la mesa un tema que afecta a miles de personas invisibles para la opinión pública.
La pregunta es si la justicia tendrá la valentía de aplicar este mismo criterio a los presos sin nombre ni poder. Si así ocurre, podríamos estar frente a un punto de inflexión hacia un sistema más garantista. Si no, este caso pasará a la historia como un ejemplo más de privilegio selectivo.
