El Tribunal Primero de Sentencia Penal de Sacaba (Cochabamba) emitió en las últimas horas un mandamiento de libertad a favor de la expresidenta interina Jeanine Áñez en el marco del llamado caso Sacaba, relacionado con los hechos ocurridos el 15 de noviembre de 2019. La resolución fue firmada por el juez Javier Néstor Chuquimia Siles y notificada este viernes, aunque fuentes judiciales y medios señalan que la orden no será efectiva de inmediato debido a que Áñez cumple una condena previa por otro proceso penal.
Hechos y cronología esencial
- 15 de noviembre de 2019 (Sacaba, Cochabamba): enfrentamientos entre fuerzas conjuntas (Policía y Fuerzas Armadas) y manifestantes del Trópico de Cochabamba; en ese operativo fallecieron 10 personas, hechos que dieron origen a la investigación y al expediente conocido como caso Sacaba.
- 30 de agosto de 2025: el Tribunal de Sacaba se había declarado incompetente para proseguir el proceso ordinario contra Áñez y remitió antecedentes para que el caso sea tramitado como juicio de responsabilidades (procedimiento especial aplicable a exmandatarios), lo que abrió la vía para que la causa saliera del fuero ordinario. Esa decisión motivó distintos recursos y nuevas actuaciones procesales.
- 5 de septiembre de 2025: el Tribunal de Sentencia Penal N.º 1 de Sacaba emitió el mandamiento de libertad inmediata para Jeanine Áñez por el caso Sacaba; sin embargo, la exmandataria permanece detenida en el Centro de Orientación Femenina de Miraflores porque tiene una condena firme de 10 años por otro proceso penal (referido en los medios como la causa llamada “Golpe II” o procesos por sedición relacionados con su llegada al poder en 2019). La defensa legal de Áñez ha presentado recursos para la nulidad o revisión extraordinaria de esa condena.
¿Por qué la libertad no será automática?
La orden de Sacaba beneficia a Áñez en ese expediente concreto (los hechos de noviembre de 2019), pero no anula ni reemplaza las sentencias firmes por las que actualmente purga condena. En la práctica eso significa que la orden de libertad por Sacaba queda supeditada a la existencia y ejecución de la otra pena; además, el expediente puede cambiar de competencia (juicio de responsabilidades) y ser objeto de nuevas impugnaciones por parte del Ministerio Público, las víctimas y el Estado. Estas circunstancias jurídicas implican que la libertad material (salir del penal) no sea inmediata ni automática.
Reacciones institucionales y de las partes
- Gobierno / autoridades: el ministro de Justicia y autoridades del Ejecutivo han exhortado a que la justicia actúe con “equidad” y respeto al debido proceso, en un contexto de alta polarización política.
- Fiscalía y víctimas: representantes de las víctimas han anunciado que presentarán apelaciones y recursos contra el mandamiento, buscando que la resolución sea revisada o revertida en instancias superiores.
- Defensa de Áñez: su equipo legal interpreta las decisiones recientes (entre ellas la incompetencia declarada por el Tribunal de Sacaba y el mandamiento de libertad) como pasos que apuntan a su excarcelación definitiva, y anuncia que seguirá impulsando la nulidad o la revisión de las condenas que aún pesan sobre la exmandataria.
Implicancias legales y políticas
- Cambio de competencia: la remisión a un juicio de responsabilidades implicaría que los hechos sean juzgados por un procedimiento especial para autoridades públicas, distinto al proceso ordinario. Eso puede demorar sustantivamente la tramitación y, en algunos escenarios, hacer ineficaz la persecución penal ordinaria si no prosperan las formalidades constitucionales.
- Efectos sobre condenas previas: la orden por Sacaba no anula de inmediato la sentencia de 10 años que cursa en su contra; cualquier modificación de esa situación dependerá de recursos extraordinarios, decisiones del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y eventuales votaciones o pronunciamientos políticos si el procedimiento sigue vías excepcionales.
- Contexto político: las decisiones judiciales recientes ocurren en un momento de reconfiguración política, con avances de la oposición en el Legislativo y pronunciamientos que analistas vinculan a presiones o a cambios en la correlación de fuerzas nacionales e internacionales. Los fallos que afectan a actores políticos de alto perfil suelen derivar en debates sobre independencia judicial y separación de poderes.
Datos concretos (registro público)
- Fecha del mandamiento de libertad: comunicado y publicaciones periodísticas del 5 de septiembre de 2025.
- Juez que firmó la orden en Sacaba: Javier Néstor Chuquimia Siles (Tribunal Primero de Sentencia Penal de Sacaba).
- Condena vigente que impide la salida inmediata: sentencia de 10 años por procesos relacionados a su asunción del poder en 2019 (conocida en prensa como “Golpe II” / delito de sedición). La defensa ha presentado recursos en busca de su revisión.
Qué puede pasar en los próximos pasos (escenarios probables)
- Recurso de apelación por las víctimas y la Fiscalía: alta probabilidad; si prospera, la orden podría ser suspendida o revisada por la Corte Superior o por el Tribunal Supremo.
- Trámite a juicio de responsabilidades: si el caso se consolida en esa vía, el proceso cambia de reglas y tiempos; podría tardar meses y dependerá de la competencia del TSJ y, en algunos supuestos, del rol del Legislativo.
- Revisión de la condena de 10 años: la defensa busca la nulidad o revisión extraordinaria; si logra anular o suspender esa pena, la orden de libertad del caso Sacaba tendría efectos prácticos inmediatos. Si no lo logra, Áñez permanecerá recluida por la otra condena.
- En lo jurídico: las decisiones son técnicamente coherentes con maniobras procesales que buscan reencuadrar causas sensibles (transferencia a juicio de responsabilidades, declaración de incompetencia, mandamientos de libertad). No es raro que, en casos de alto perfil, las defensas exploten vías procesales que obligan a la reestructuración del expediente. Eso puede traducirse tanto en reparación de garantías procesales como en dilación estratégica.
- En lo político: este tipo de resoluciones tienen un efecto inmediato sobre la agenda política: energizan a la oposición, inquietan al oficialismo y alimentan narrativas encontradas (para unos, reparación a derechos; para otros, impunidad). La simultaneidad de múltiples fallos favorables a figuras opositoras en días recientes sugiere que hay una reconfiguración en ciernes que mezcla factores judiciales y políticos.
- Consecuencia práctica: hasta que no exista una resolución que anule o suspenda la condena de 10 años que pesa sobre Áñez, el mandamiento de Sacaba tendrá un efecto más bien simbológico y procesal que liberador en los hechos. Si el objetivo de la defensa es la excarcelación definitiva, aún faltan pasos legales complejos.
Esto abre una ventana jurídica que su defensa puede capitalizar, pero no garantiza automáticamente la salida de la cárcel. Al mismo tiempo, reabrirá heridas en las víctimas y en amplios sectores de la sociedad que reclaman justicia por los hechos de 2019; la tensión política y social será elevada en los próximos días.
Para la elaboración de esta nota se consultaron los siguientes reportes y comunicados periodísticos y oficiales (selección): EFE, AP, El Deber, Oxígeno, Red Uno y ABI. Las piezas citadas recogen la cronología del 30 de agosto (declaración de incompetencia) y la orden de libertad/documentación publicada el 5 de septiembre de 2025. (EFE, AP News, El Deber, Oxígeno Digital, Red Uno)
